El 20 de diciembre de 2013, se firmó el convenio específico entre el SERMAS, a través del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Este Convenio ha sido impugnado judicialmente ante el TSJ Madrid por ADECETMA, una asociación que tiene entre sus fines velar por la promoción y garantía del modelo altruista de hemodonación.
La firma de dicho convenio se realizó en unas condiciones cuando menos sospechosas por falta de fundamento y transparencia en las actuaciones que la rodearon. No se realizó ningún concurso público para la adjudicación de dicha actividad a una entidad privada, aunque suponía una financiación de 9,3 millones de € anuales.
Por otra parte, aunque se le han solicitado judicialmente a la Consejería de Sanidad, no existen datos objetivos, ni memoria económica que sustente la necesidad de realizar dicho convenio. Se limitan a esgrimir una presunta mayor eficacia de la entidad privada, muy discutible y nunca demostrada.
En estas circunstancias, resulta especialmente llamativo que, en este proceso de privatización de la donación de sangre extrahospitalaria, se haya buscado como compañero de viaje a una entidad privada –Cruz Roja Española que a pesar de algunos escándalos graves y recientes, goza de buena reputación, como si eso hiciera menos malo el proceso acometido, o excusara de una adecuada justificación o permitiera cierta indulgencia frente a graves incumplimientos. Todo ello genera la inquietante sospecha de estar ante el primer paso de un cambio de modelo: el abandono de un sistema altruista y anónimo de donación y la apuesta por la implantación de un sistema de donación remunerada. A su vez, supone un claro riesgo de desmantelamiento del Centro Público y del sistema público de donación de sangre .Se podría pensar que nos encontramos ante un proceso de cambio del modelo público de donación por uno mixto ilegal: donación hospitalaria altruista y pública y donación extrahospitalaria privada y lucrativa. La responsabilidad última sigue siendo pública pero no así el proceso. El beneficio es privado.
En este convenio, se ceden gratuitamente las unidades móviles de propiedad pública a una empresa privada y se le facilita todo el material necesario para realizar las extracciones; se asume un coste económico hasta entonces inexistente al abonar a Cruz Roja 67€ por cada bolsa de sangre obtenida, hasta un total de 140.000 bolsas anuales. Además, se acuerda pagar mensualmente a dicha entidad, el 95% de la doceava parte de la sangre que previsiblemente aporte al Centro de Transfusión. Es decir, en contra de la práctica habitual en otros casos, una Administración Pública está pagando de modo anticipado por un producto que tal vez no le sea suministrado.
A estas alturas, año y medio después de su entrada en vigor, es claro que no se están cumpliendo los objetivos marcados en el Convenio. Desde el inicio del mismo, Cruz Roja ha entregado aproximadamente 21.600 unidades menos de sangre de lo previsto, no existiendo para esto ningún mecanismo de control, ni medida correctora alguna que afecte a dicha entidad. Esto ha originado a lo largo de los meses, problemas con las reservas y constantes llamamientos a los donantes, que en el mes de julio, han visto salvada la situación por los maratones organizados en los Hospitales.
Paralelamente, se han suprimido los puntos ubicados en los Centros de Especialidades, dejando así sin opción de realizar una donación en centros públicos a un buen número de ciudadanos de la Comunidad, y se ha ignorado la petición de algunos ayuntamientos de situar un punto de donación fijo en estos Centros alegando la colaboración con Cruz Roja.
Para rematar la situación, se empiezan a oir voces que abogan por pagar por su sangre a personas con necesidades básicas sin cubrir (véase el caso de parados de larga duración). Se reintroduce de este modo el concepto de compensación por algo que inicialmente era gratuito y se mina la base fundamental de la donación: el altruismo.
Por último, y no menos grave, estamos ante un proceso en el que los criterios sanitarios objetivos se desvanecen ante la posibilidad de obtener una cantidad de dinero en función del volumen de actividad. Se pone así en riesgo un proceso del que, en definitiva, dependen vidas humanas.
Así mismo, se desaprovechan los recursos propios de la Administración, tanto económicos como humanos y se destina el dinero público a financiar a una entidad privada, en lugar de destinarlo a obtener la excelencia de un proceso que ya estaba funcionando con niveles muy elevados de calidad.
Por todo lo expuesto hasta el momento, desde ADECETMA consideramos que sólo existe una medida lógica, razonable y sensible a las necesidades de todos los madrileños: revertir la situación actual a la existente antes de la firma del convenio, consolidando un sistema de donación pública eficaz que priorice los criterios sanitarios objetivos y transparentes sobre cualquier otro de la índole que sea.
