En el último pleno celebrado en Moralzarzal se aprobó una moción del Grupo Municipal Moralzarzal en Común para establecer clausulas sociales en los procedimientos de contratación.
Paula Lucena Pascual, portavoz del Grupo Municipal Moralzarzal en Común ha explicado que “en Moralzarzal tenemos 688 parados (datos de Julio de este año), lo que supone una tasa de paro de un 25,07 %. Para muchos es una situación complicada tras muchos meses buscando un puesto de trabajo o la pérdida del subsidio de desempleo una vez cumplido su período de percepción. Para nosotras la Administración Local no debe ser ajena al drama social del desempleo. Aunque su papel sea reducido, puede desempeñar un significativo protagonismo en la generación de empleo estable y de calidad a través de diversas actuaciones, ya que nuestro Ayuntamiento genera actividad económica de manera directa e indirecta. Desde nuestro Grupo Municipal planteamos la necesidad de incluir cláusulas sociales en la contratación de obras, servicios y suministros mediante procedimiento abierto. Con esto tratamos de conseguir que las empresas adjudicatarias de esos contratos cuenten con un porcentaje de trabajadores y trabajadoras con una relación laboral estable y que la adjudicación del contrato suponga para la empresa la generación de empleo y, dado el caso, que se incremente el número de contratos indefinidos, así como la inserción laboral de trabajadores con discapacidad.”
Entre los acuerdos de la moción aprobada por el Ayuntamiento de Moralzarzal figura la redacción de cláusulas sociales que puedan incluirse en los pliegos de contratación de este Ayuntamiento, con la finalidad de favorecer a aquellas empresas licitadoras en los procedimientos abiertos de contratación que cuenten con una proporción mínima de trabajadores en su plantilla con una relación laboral indefinida, así como aquellas que con la adjudicación del contrato incrementen la proporción de contratos indefinidos o generen empleo. Así mismo, considerar a las empresas licitadoras de más de 50 trabajadores que cumplan con la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad y considerar que las empresas que adjudicadas no estén inmersas en procesos de ERE cuando han tenido beneficios.
